A medida que nos acercamos a las elecciones de 2024, reconocidas por su significativa importancia histórica y probablemente por ser las más costosas hasta la fecha, nos enfrentamos a la necesidad de profundizar en uno de los dilemas más complejos de nuestra democracia: el fenómeno del abstencionismo. Este tema, de gran relevancia, nos obliga a considerar la especificidad de cada contexto y localidad, dada la diversidad de variables que intervienen y hacen inviable cualquier intento de generalización. El abstencionismo, especialmente marcado en comunidades rurales de estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, nos revela una problemática multifacética. La falta de acceso a las urnas, exacerbada por las condiciones de pobreza, plantea un obstáculo significativo para la participación electoral, aunque este fenómeno no se presenta de manera uniforme en todas las elecciones. Existen momentos en que, gracias a esfuerzos de movilización y apoyos económicos, estas comunidades logran superar las barreras que les separan de las casillas electorales, mostrando una complejidad en la dinámica del abstencionismo que desafía cualquier simplificación. Aunque históricamente se ha considerado al abstencionismo como un fenómeno marginal con poco impacto en el resultado electoral, estudios recientes sugieren una creciente desafección política entre los jóvenes, quienes se muestran reticentes a comprometerse con la votación y participan menos dentro de los partidos políticos. Esta tendencia señala un cambio significativo en la percepción y participación política, especialmente relevante cuando se observa a través de la lente del voto nulo. El voto nulo, entendido como expresión de descontento y apatía hacia las opciones políticas disponibles, se promovió en elecciones pasadas como protesta. En México, las campañas de 2009 y 2015 destacaron por impulsar esta modalidad de voto, buscando no solo rechazar a los candidatos presentes sino también exigir una mejora en la oferta política. Este fenómeno no debe interpretarse como una falta de interés o conocimiento, sino como una decisión informada y racional de electores que, insatisfechos con sus opciones, optan por el voto nulo como medio de expresión política. La teoría de la racionalidad del elector, propuesta por analistas como Daniel Zovatto, nos permite comprender el voto nulo no como un acto de apatía, sino como una crítica consciente y deliberada al sistema político. Además, la práctica del voto nulo se erige como un mecanismo de presión democrática, un llamado a la reflexión sobre la calidad de la oferta electoral y la necesidad de reformas que respondan a las demandas de la sociedad. Según Flavia Freidenberg, este acto puede ser una herramienta efectiva para exigir transparencia, rendición de cuentas y mejoras sustanciales en el proceso electoral. El voto nulo, ya sea intencionado o resultado de errores involuntarios, representa una abstención activa que desafía a los partidos y al sistema político a adaptarse y mejorar. A través de este gesto, los ciudadanos buscan visibilizar su rechazo a la oferta partidista actual y presionar por candidatos de mayor calidad y propuestas más convincentes. En este contexto, la participación de los jóvenes en actos de "abstención cívica" adquiere una relevancia particular. Ellos, a menudo los más inclinados hacia este tipo de protesta, destacan la necesidad de escuchar y entender las demandas y desafecciones de la ciudadanía, recordando las palabras de Dilma Rousseff sobre la importancia de atender a las voces de la plaza pública. A medida que avanzamos hacia las elecciones de 2024, es imperativo no solo observar sino también actuar frente a los desafíos planteados por el abstencionismo y el voto nulo. La dinámica electoral continúa evolucionando, y con ella, la necesidad de promover una participación ciudadana informada, crítica y comprometida con el fortalecimiento de nuestra democracia. Sigue caminando el proceso electoral 2024, pero siguen saliendo los grandes desafíos y desafecciones de la ciudadanía, desde las antípodas seguiremos dando cuenta de ello

El impacto del crimen organizado en la economía mexicana ha dejado de ser una cuestión relegada a los titulares de la nota roja para convertirse en un fenómeno que afecta directamente la vida cotidiana de todos los mexicanos. La inflación, que muchos asocian únicamente con factores económicos tradicionales, ha encontrado un nuevo y alarmante motor en la extorsión y control que los cárteles de la droga ejercen sobre la cadena de suministros alimentaria del país. En los últimos años, los cárteles de la droga han expandido sus operaciones hacia el sector agrícola, apoderándose de hectáreas de cultivo, tomando control del transporte y los almacenes de alimentos, y, lo más preocupante, imponiendo los precios finales al consumidor. Esto ha convertido a productos como el aguacate, el limón y el mango en las primeras víctimas de este esquema, con estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Jalisco, entre otros, siendo los más afectados. El impacto ha sido devastador. Los precios de estos productos, fundamentales en la dieta de millones de mexicanos, se han disparado, en algunos casos hasta en un 300%. Aunque este problema no es nuevo, ha alcanzado un punto crítico en la actualidad, afectando no solo a estos productos específicos, sino también a otros de primera necesidad. Este fenómeno ha encendido las alarmas en las cámaras empresariales y de comercio a nivel nacional, evidenciando una crisis que hasta ahora ha pasado inadvertida para muchos. El control que los cárteles ejercen sobre el sector alimentario no se limita a la mera extorsión. Los proveedores de insumos y alimentos más grandes también han sido blanco de amenazas para retrasar entregas y elevar los precios finales en mercados públicos y centrales de abasto. Aquellos que se niegan a acatar las órdenes de estos grupos delictivos sufren consecuencias graves: desde el robo y destrucción de sus cosechas hasta la quema de camiones que transportan los productos. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, ha señalado que, aunque no se cuentan con datos duros para evaluar el impacto exacto de la inseguridad y las extorsiones sobre la formación de precios, la evidencia anecdótica sugiere que este es un factor importante y creciente que contribuye al proceso inflacionario. Este problema, agrega Heath, ya no puede ser considerado como "coyuntural" sino como "estructural", enraizado en la economía mexicana y dificultando la capacidad del Banco de México para alcanzar su meta de inflación del 3%. La situación es compleja. Aunque es difícil medir el impacto exacto de las extorsiones en la inflación, el traspaso a precios es real y afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales. Las denuncias de extorsión son escasas, con un estimado de que el 98.9% de los casos no se reportan por miedo a represalias, desconfianza en las autoridades o la complejidad del proceso de denuncia. El encarecimiento de productos como el limón en estados como Michoacán, donde el control del crimen organizado es particularmente fuerte, es un ejemplo claro del alcance de este problema. Los productores, bajo amenaza, se ven obligados a acatar los precios impuestos por los extorsionadores o abandonar sus tierras, lo que reduce la oferta y eleva aún más los precios. Este fenómeno no solo incrementa los costos de operación y producción, sino que también deteriora el tejido social y la confianza en las instituciones. Es un problema que afecta a todos: desde el pequeño comerciante que debe pagar cuotas para operar sin represalias, hasta el consumidor final que ve cómo el precio de los productos básicos se dispara. Es urgente que las autoridades y la sociedad civil trabajen juntas para erradicar este delito que está destruyendo nuestra economía y nuestra paz social. No se trata solo de combatir la inflación, sino de recuperar la confianza en un país que no puede permitirse que el crimen organizado controle lo que ponemos en nuestra mesa

En el contexto de la democracia contemporánea, la regla de la mayoría establece más que la determinación de quién ostentará el poder político; refleja una profunda interacción entre los derechos y deberes inherentes a la ciudadanía. Esta interacción, fundamentada en el acceso equitativo a derechos civiles, políticos y sociales, marca el principio de una sociedad justa y equitativa. La visión de Marshall sobre la ciudadanía sugiere que la verdadera democracia se alcanza solo cuando estos derechos convergen, permitiendo a todos los individuos participar activamente en la vida social, económica y política sin discriminación. La ciudadanía, tal como se entiende en las sociedades democráticas, implica no solo el derecho a votar y ser votado, sino también el acceso a un mínimo bienestar económico y a una vida digna conforme a los estándares predominantes de la sociedad. Este concepto ampliado de ciudadanía desafía las visiones tradicionales, promoviendo una igualdad básica asociada con la pertenencia a una comunidad política, donde todos los miembros están dotados de derechos y obligaciones por el mero hecho de su pertenencia al Estado. Sin embargo, la realización plena de la ciudadanía enfrenta obstáculos significativos. Fenómenos como el voto nulo o en blanco son manifestaciones de una inconformidad generalizada con las instituciones encargadas de garantizar el proceso electoral. Para abordar esta problemática, es fundamental que dichas instituciones no solo recuperen su legitimidad, sino que también se comprometan a promover una cultura de participación activa y crítica entre los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes. Esto implica garantizar que los derechos civiles, políticos y sociales se entrelacen de manera que fomente una ciudadanía plena y activa. La perspectiva histórica sobre la relación entre ciudadanía y Estado revela diferentes enfoques sobre cómo las personas y los grupos se relacionan con el poder y participan en los proyectos de desarrollo. Desde el enfoque de "Súbdito beneficiario" hasta las visiones más modernas de "Participación ciudadana" y "Empoderamiento", se destaca la evolución hacia una participación más inclusiva y democrática. Estos enfoques subrayan la importancia de la educación, la organización social y la acción colectiva para empoderar a sectores tradicionalmente marginados, incluidos los pobres, las minorías y otros grupos vulnerables. Para promover una ciudadanía activa y responsable, es crucial adoptar estrategias de empoderamiento que faciliten el acceso a la información, promuevan la inclusión social y la participación, y refuercen la capacidad organizativa a nivel local. Estas estrategias deben estar acompañadas por instituciones abiertas y transparentes que permitan una participación efectiva de todos los ciudadanos en la toma de decisiones y en la vida política del Estado. La inclusión social y la participación son fundamentales para presionar por el cambio y tomar decisiones informadas. Esto requiere no solo abrir espacios de debate y deliberación, sino también asegurar que los procesos participativos alcancen un consenso que refleje la voluntad colectiva. La capacidad local organizativa, por su parte, permite a las comunidades movilizar recursos y trabajar juntas para resolver problemas comunes, reforzando así la cohesión social y el sentido de pertenencia. Las instituciones formales e informales juegan un papel crucial en el fortalecimiento de la democracia participativa. Al ser abiertas y transparentes, facilitan el correcto funcionamiento de los sistemas de rendición de cuentas, promueven una distribución equitativa de los recursos y permiten una participación ciudadana más activa y consciente. Estas instituciones deben ser accesibles y responder a las necesidades y demandas de la sociedad civil, promoviendo el empoderamiento de todos los ciudadanos y asegurando que su voz sea escuchada y considerada en la toma de decisiones. La construcción de una sociedad democrática y participativa requiere de un compromiso colectivo para promover la ciudadanía activa, el empoderamiento y la inclusión social. Al fomentar el acceso a la información, garantizar la participación en la toma de decisiones y promover una cultura de respeto y reconocimiento de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, podemos avanzar hacia una democracia más justa, equitativa y representativa. La ciudadanía, en su máxima expresión, no solo implica ejercer el derecho al voto, sino también participar activamente en la vida política, social y económica del país, contribuyendo al desarrollo colectivo y al bienestar común. En conclusión, la ciudadanía es el pilar fundamental de la democracia y el desarrollo social. A través de la educación cívica, el empoderamiento ciudadano y la participación activa en la vida pública, podemos construir sociedades más inclusivas y resilientes. Es imperativo que las instituciones, tanto públicas como privadas, trabajen conjuntamente con los ciudadanos para promover una ciudadanía plena, basada en el respeto mutuo, la igualdad de derechos y la corresponsabilidad en la búsqueda de un futuro común más prometedor. Para aquellos jóvenes con poco interés en la política, el "refacultamiento ciudadano" ofrece un camino hacia la integración activa en la política, viendo la cultura política como un elemento esencial en el desarrollo comunitario. Esto implica generar espacios de interacción donde los jóvenes puedan participar, deliberar y actuar, no solo en universidades y parques, sino en todos los ámbitos de la vida pública. Al reflexionar sobre estas dimensiones de la ciudadanía, nos preparamos para una próxima discusión sobre cómo el empoderamiento y la participación activa pueden servir como catalizadores para la reconstrucción del tejido social y político, promoviendo una sociedad más justa, inclusiva y democrática. La ciudadanía, entendida de esta manera amplia, invita a todos, especialmente a los jóvenes, a comprometerse no solo en el ejercicio del voto, sino en una participación consciente en la vida colectiva, fortaleciendo así los cimientos de nuestra democracia.

La renuncia masiva de ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de México, incluida su presidenta Norma Lucía Piña Hernández, ha dejado al país en estado de asombro e incertidumbre. En una decisión sin precedentes, este éxodo institucional es una reacción ante las reformas judiciales promovidas recientemente por el gobierno, que plantea una reestructuración profunda del sistema judicial bajo el argumento de democratizarlo. En la narrativa oficial, la elección popular de jueces y magistrados es vista como un camino hacia la justicia cercana al pueblo; sin embargo, la realidad y las implicaciones de esta medida abren interrogantes sobre el futuro de la independencia judicial en México y la posible politización del sistema. El gobierno sostiene que la baja confianza en el sistema judicial, con solo un 30% de la población respaldando su integridad, hace necesaria una transformación. La administración asegura que los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir directamente a quienes impartan justicia, en un intento por legitimar el poder judicial y cerrar la brecha con la población. Este enfoque puede parecer, a primera vista, una estrategia para empoderar a la ciudadanía y fortalecer la transparencia. Pero detrás de esta promesa yace una realidad más compleja: el riesgo de someter la justicia a intereses de corto plazo, sesgados y electorales, en lugar de al imperio de la ley y al principio de imparcialidad. La reacción de los críticos no se ha hecho esperar, al señalar que someter el Poder Judicial a la voluntad popular amenaza con desmoronar uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia funcional: la independencia judicial. La renuncia masiva es interpretada como una advertencia enérgica sobre los peligros de politizar las decisiones judiciales. ¿Cómo se puede garantizar la objetividad de quienes estarán sujetos al mismo juego político al que deberían poner límites? Organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados han advertido que los jueces electos pueden ser susceptibles a las mismas presiones electorales y políticas que condicionan a otros actores gubernamentales, lo que, en última instancia, convertiría a la justicia en un campo de batalla más dentro del ya saturado espectro político mexicano. La historia ofrece ejemplos preocupantes de lo que ocurre cuando el sistema judicial pierde su autonomía. En Venezuela, reformas similares que subordinan el Poder Judicial al Ejecutivo han creado un sistema donde la justicia se inclina a favor del poder, en detrimento de las voces disidentes. Este panorama deja en evidencia la importancia de la independencia judicial para proteger a la sociedad de abusos de poder y preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin importar su posición o afiliación política. En contraste, en países como Alemania, la selección de jueces es un proceso mixto que combina méritos individuales con supervisión parlamentaria, una estructura que busca el equilibrio entre responsabilidad democrática y una justicia libre de intereses políticos, demostrando que la independencia no está reñida con la supervisión ciudadana. Más allá de la política, la dimensión ética de esta decisión se entrelaza con una pregunta crucial: ¿Puede la justicia servir al pueblo si se convierte en una herramienta del poder? La historia muestra que los sistemas que sacrifican su imparcialidad para atender las demandas del momento terminan por corromperse desde dentro, minando la confianza pública. La elección directa de jueces puede parecer una respuesta atractiva en una época en que la participación ciudadana se valora, pero, paradójicamente, podría socavar los principios democráticos al colocar las decisiones judiciales al vaivén de las preferencias populares y de la influencia política, en lugar de en la búsqueda de la verdad y la justicia. En última instancia, la crisis actual en la Suprema Corte podría abrir una oportunidad para el diálogo nacional en busca de un consenso que fortalezca el sistema judicial sin despojarlo de su independencia. La confianza en el sistema de justicia no se recuperará con fórmulas simplistas ni con reformas que pongan en jaque la esencia de su imparcialidad. Más bien, México necesita reformas que promuevan la eficiencia y transparencia, que otorguen al ciudadano garantías de que su voz será escuchada sin que ello signifique sacrificar la autonomía judicial. El impacto de lo que está en juego va mucho más allá del sistema judicial. La independencia judicial es el guardián de las libertades, de los derechos fundamentales y de un Estado de derecho que pueda sostenerse ante la presión política. Si esta independencia se diluye, México corre el riesgo de caer en un sistema donde la justicia se convierte en un peón en el tablero del poder, y donde los ciudadanos, en lugar de ser protegidos por ella, son vulnerables a su manipulación. Al contrario, si se aprovecha esta crisis para fortalecer el sistema y restaurar la confianza de la ciudadanía, el país podría emerger con un Poder Judicial más robusto, capaz de responder con legitimidad y eficiencia a las demandas de la sociedad. Como en un juego de espejos, el destino de la justicia mexicana refleja el de la sociedad misma, con todas sus contradicciones, aspiraciones y desafíos. Al final, los caminos que se tomen en esta encrucijada definirán no solo la estructura del Poder Judicial, sino también el tipo de democracia y sociedad que México aspira a ser en el siglo XXI.

El reciente anuncio del Plan para aumentar la cobertura universitaria  liderado por Claudia Sheinbaum marca una apuesta ambiciosa por ampliar la educación pública y gratuita en México. Con la promesa de 330 mil nuevos espacios  en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, se plantea un cambio de rumbo frente a las políticas que durante décadas favorecieron el crecimiento del sector privado. Sin embargo, el informe Education at a Glance 2024  de la OCDE arroja una serie de datos inquietantes que revelan un panorama educativo con profundas desigualdades estructurales, que ponen en duda si esta expansión logrará transformar realmente el sistema educativo. El crecimiento de la educación superior es, sin duda, una noticia positiva. Sin embargo, ampliar el acceso no garantiza resolver las desigualdades  históricas del sistema educativo mexicano. Un ejemplo claro es que prácticamente 6 de cada 10 egresados de educación superior provienen del sector privado , una cifra significativamente superior al promedio internacional. Esta tendencia sugiere que, aunque se amplíe la matrícula en las universidades públicas, el prestigio y los recursos seguirán concentrados en las instituciones privadas, fomentando las disparidades en oportunidades y movilidad social. Además, el informe de la OCDE señala que 42% de los jóvenes adultos en México no ha terminado la educación media superior (EMS) , ubicando al país en el último lugar junto con Sudáfrica. Este indicador no solo refleja el bajo nivel de preparación de buena parte de la población joven, sino que también sugiere que los esfuerzos por ampliar la educación superior podrían ser insuficientes si no se fortalecen los niveles educativos previos. Chiapas , por ejemplo, presenta tasas alarmantes, con solo 55% de los jóvenes entre 15 y 19 años  dentro del sistema educativo. Esta situación plantea un dilema estructural: no basta con abrir más universidades si los jóvenes no logran completar los niveles educativos básicos para acceder a ellas. Otro desafío significativo es el bajo nivel de inversión educativa  en México. El gasto por estudiante, según la OCDE, asciende a 3,513 dólares anuales , una cifra muy lejana del promedio de 14,209 dólares  que invierten los países miembros. La caída en la inversión educativa, que pasó del 5.1% al 4.2% del PIB , refleja una tendencia preocupante: la educación no ha sido una prioridad en los años recientes. Esta falta de inversión profundiza las brechas estructurales  y deja en desventaja al sistema educativo público, especialmente frente a modelos más avanzados como el danés, donde la inversión por estudiante es cinco veces mayor . El panorama se complica más cuando se analiza la saturación del personal docente. Mientras que en otros países los maestros atienden en promedio a 13 o 14 estudiantes por aula , en México los docentes enfrentan grupos de 24 alumnos en primaria y hasta 30 en secundaria , casi el doble que sus pares internacionales. Al mismo tiempo, los salarios de los maestros mexicanos son 23% inferiores al promedio de la OCDE, lo que no solo desalienta la vocación docente, sino que también reduce la calidad de la enseñanza. Expandir la matrícula sin mejorar las condiciones laborales del magisterio  es una receta para el desgaste y la insuficiencia del sistema educativo. Las nuevas universidades anunciadas  por Sheinbaum representan un esfuerzo por corregir el rumbo, pero la expansión no es sinónimo de transformación estructural . Es fundamental que este plan vaya acompañado de una estrategia integral de política pública , que articule la ampliación de la educación superior con mejoras en la calidad de la enseñanza, la inversión en infraestructura educativa y el fortalecimiento de los niveles educativos previos. Sin este enfoque holístico, la expansión puede terminar reproduciendo las desigualdades existentes, al privilegiar la cantidad sobre la calidad. Además, la apuesta por nuevas carreras estratégicas  en áreas como salud, semiconductores e inteligencia artificial es un paso importante hacia la soberanía tecnológica y la modernización del país. Sin embargo, para que estas carreras realmente impulsen el desarrollo nacional, será crucial garantizar que los jóvenes provenientes de sectores marginados accedan a ellas y encuentren empleos de calidad al egresar. De lo contrario, se corre el riesgo de formar una generación de profesionales sin oportunidades reales en el mercado laboral. En definitiva, la expansión de la educación superior es una oportunidad histórica  para transformar el sistema educativo mexicano, pero no puede ser vista como una medida aislada . Es necesario abordar los retos de manera integral, desde la mejora en la inversión educativa hasta el fortalecimiento del magisterio y la reducción de la desigualdad en el acceso. Para que la educación deje de ser un anhelo inalcanzable  y se convierta en un derecho pleno , será necesario un compromiso profundo y sostenido que trascienda el discurso político. Este es el verdadero desafío para la administración de Sheinbaum: convertir las promesas en políticas concretas  que mejoren la calidad de vida de las futuras generaciones. Si la educación es, como se ha dicho, el pilar del desarrollo, entonces es hora de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad plena y garantice una educación pública que sea no solo accesible, sino también de calidad.

La militarización de la seguridad pública en México ha transformado las dinámicas entre los distintos niveles de gobierno, especialmente en el ámbito local. Lo que comenzó como una medida temporal para enfrentar al crimen organizado se ha convertido en una estrategia permanente, donde militares asumen roles tradicionalmente reservados a las policías civiles. Sin embargo, esta transición ha generado tensiones y desafíos que afectan tanto la gobernabilidad como la confianza ciudadana en las instituciones locales. 1.      Policías bajo presión: Dignificación postergada En México, la falta de profesionalización de las policías municipales y estatales es un problema estructural. A pesar de los esfuerzos por descentralizar la seguridad pública y fomentar la proximidad social, muchas corporaciones locales carecen de recursos y capacitación adecuada. Esto ha llevado a una dependencia creciente hacia las fuerzas armadas para mantener el orden, diluyendo la responsabilidad institucional y frenando el fortalecimiento de cuerpos civiles. Los datos revelan que uno de cada tres municipios en México no tiene capacidad propia para mantener una policía operativa, y la Guardia Nacional se ha convertido en el primer recurso de apoyo. Sin embargo, esta solución ha traído sus propios problemas. La presencia militar en tareas civiles se ha asociado con un aumento en las denuncias de abuso, lo que genera desconfianza en la ciudadanía y desgaste en las instituciones locales. 2.      El costo de la coerción: Derechos humanos y gobernabilidad Las cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad  (ENPOL) 2021, muestran que el 35% de las personas detenidas en México reportaron haber sufrido tortura, tanto por militares como por policías. Este dato refleja una cultura institucional que prioriza la coerción sobre la prevención. Las autoridades locales, muchas veces forzadas a aceptar la intervención de fuerzas militares, se encuentran en una posición difícil: dependen de una estrategia que erosiona la confianza pública, pero carecen de alternativas viables a corto plazo. El desafío se agrava con la llegada de militares a puestos directivos en las secretarías de seguridad pública estatales, donde la lógica castrense permea las dinámicas operativas y dificulta la implementación de enfoques orientados a la prevención. Este fenómeno, conocido como "policiación" del Ejército, implica la adopción de prácticas punitivas en detrimento de la construcción de confianza comunitaria, esencial para la gobernabilidad local. 3.      Centralización versus autonomía local El proceso de militarización también ha implicado una recentralización del control sobre la seguridad pública, limitando la capacidad de los gobiernos locales para diseñar e implementar sus propias estrategias. Las decisiones se toman desde el nivel federal, lo que genera tensiones entre los gobiernos locales y las autoridades centrales. Esta concentración del poder contrasta con las necesidades de los municipios, que requieren soluciones adaptadas a sus contextos específicos. 4.      El camino hacia un nuevo modelo de seguridad Frente a este escenario, las autoridades locales deben asumir un rol más activo en la redefinición de la seguridad pública. Es urgente fortalecer las policías municipales y estatales mediante la profesionalización, la mejora de sus condiciones laborales y la dignificación de su función. Solo así será posible reducir la dependencia de las fuerzas armadas y recuperar la confianza ciudadana. Además, la coordinación entre fiscalías, servicios de emergencia y corporaciones locales debe ser priorizada para evitar que los esfuerzos se diluyan por la falta de articulación institucional. La apertura hacia modelos de participación ciudadana puede ser una herramienta clave para supervisar y legitimar el trabajo policial, fomentando la transparencia y el control democrático de la seguridad. 5.      Conclusión: Gobernar con y para la gente Las autoridades locales enfrentan un dilema complejo: garantizar la seguridad sin comprometer los principios democráticos. La militarización ha mostrado sus límites y costos, por lo que es necesario explorar alternativas que fortalezcan las instituciones civiles desde la base. El reto no es solo de eficiencia operativa, sino de reconstrucción del vínculo entre ciudadanos e instituciones. Gobernar con y para la gente requiere políticas de seguridad que prioricen la confianza, la transparencia y el respeto a los derechos humanos como pilares fundamentales de un México más seguro y democrático.

Cuando hablamos del municipio, nos referimos al nivel de gobierno más cercano a la vida diaria de las personas, el más concreto, el que recibe el halago o el denuesto más inmediato. En nuestro sistema federativo, el municipio es la base que sostiene todo lo que construimos encima. En especial, los municipios de Puebla juegan un papel clave en el desarrollo regional y social, pero necesitan herramientas y estrategias más efectivas para enfrentar los retos actuales. 1. Desigualdades en competitividad: el reto de Puebla De acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana 2023 (ICU)  del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los municipios de Puebla enfrentan una situación dispar. Mientras que la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala figura entre las áreas con competitividad media-alta , gran parte de los municipios más pequeños están rezagados. En términos de infraestructura, la calidad de los servicios básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad sigue siendo desigual. De hecho, solo el 50% de los municipios de la región tienen acceso regular a agua potable ​. Estas disparidades generan grandes retos para el desarrollo regional. La capacidad de atraer inversión y generar empleos depende, en gran medida, de una infraestructura sólida. Sin acceso adecuado a servicios básicos, los municipios quedan fuera de los principales corredores de inversión, afectando la calidad de vida de sus habitantes y limitando su capacidad de crecimiento económico. 2. Colaboración intergubernamental: la clave del progreso Resolver estos problemas no es tarea fácil, y los municipios no pueden hacerlo solos. Necesitan el apoyo del gobierno estatal y federal. La colaboración intergubernamental es esencial para crear políticas integrales que fortalezcan la infraestructura local y mejoren la calidad de los servicios públicos. Por ejemplo, en el ámbito del tratamiento de aguas residuales, el 70% del agua en México regresa a los ríos sin tratamiento ​, lo que no solo pone en riesgo el medio ambiente, sino que afecta directamente la salud pública y el desarrollo urbano. Mejorar esta situación requerirá una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno. Además, el financiamiento es un reto crítico  para los municipios. La mayor parte de los ingresos municipales provienen de transferencias federales, lo que limita su autonomía y capacidad para ejecutar proyectos a largo plazo. Implementar sistemas de recaudación más eficientes, como catastros digitales , podría ayudar a los municipios a aumentar sus ingresos propios. Actualmente, menos del 5% de los municipios  en México tiene sistemas de pago de predial, lo que demuestra la enorme área de oportunidad para modernizar los servicios administrativos. 3. Digitalización: un salto necesario hacia la modernidad La incorporación de tecnología en los gobiernos municipales no es solo un lujo, sino una necesidad. En muchos municipios de Puebla, los trámites y servicios siguen siendo mayormente presenciales, lo que ralentiza los procesos y aumenta los costos tanto para los ciudadanos como para el gobierno. El IMCO  ha señalado que los servicios públicos digitales  son un 74% más rápidos y un 95% más baratos  que los presenciales​. La digitalización también puede mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. En un contexto donde más del 80% de la población  percibe que la corrupción es frecuente en sus municipios​, la adopción de plataformas digitales podría reducir los espacios de discrecionalidad y corrupción, permitiendo a los ciudadanos acceder y monitorear de manera más eficaz los servicios municipales. Los municipios que inviertan en tecnología tendrán una ventaja competitiva significativa, pues no solo atraerán más inversiones, sino que ofrecerán mejores condiciones de vida a sus habitantes. 4. Municipios como motores económicos: el potencial de Puebla Los municipios no solo son actores locales, sino que también pueden convertirse en motores económicos regionales si cuentan con las herramientas adecuadas. El nearshoring , es decir, la reubicación de cadenas productivas más cerca de los mercados consumidores está generando grandes oportunidades de inversión para México, y Puebla no es la excepción. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades, los municipios deben mejorar sus condiciones de competitividad . Puebla y sus municipios tienen una ubicación estratégica, cercana a la Ciudad de México y con fácil acceso a los principales corredores industriales del país. Si los municipios logran mejorar su infraestructura, atraerán inversiones en sectores de alto valor agregado. el ICU 2023 , las ciudades más competitivas presentan mayores flujos de inversión extranjera directa (IED) y una diversificación económica que impulsa su crecimiento​. Puebla tiene el potencial para seguir esta ruta, siempre y cuando sus municipios fortalezcan sus capacidades de gestión. 5. La urgencia de fortalecer las finanzas municipales Para que los municipios puedan crecer y prosperar, es fundamental que sus finanzas sean sostenibles. Sin embargo, la realidad es que menos del 35% de los ingresos municipales en promedio  provienen de fuentes propias​. El resto depende de las transferencias estatales y federales, lo que limita su capacidad de responder a las necesidades de la población. Mejorar la recaudación del predial y la eficiencia de los catastros son pasos cruciales en este sentido. Además, la implementación de un servicio civil de carrera  en áreas clave, como los catastros y las tesorerías, podría aumentar la eficiencia y reducir la rotación de personal, lo que a menudo afecta la continuidad de los proyectos​. Los municipios de Puebla tienen el potencial de convertirse en actores clave del desarrollo regional, pero esto no sucederá de manera automática. Requieren modernizarse, fortalecer sus finanzas y coordinarse más eficientemente con los otros niveles de gobierno. Su éxito dependerá de que sus municipios reciban el apoyo necesario para superar los retos actuales y aprovechar las oportunidades del futuro. Este es el momento de actuar y de garantizar que los municipios tengan las herramientas necesarias para convertirse en el corazón del desarrollo local.

Michelle Haimoff, escritora y periodista que lamentablemente falleció joven, a los 40 años, expresó: "Las mujeres negras se despiertan por la mañana, se miran en el espejo y ven mujeres negras. Las mujeres blancas se despiertan por la mañana, se miran en el espejo y ven a las mujeres. Los hombres blancos se miran en el espejo y ven a la humanidad". Esta reflexión sugiere que, a partir de nuestras circunstancias y privilegios —o la falta de ellos—, y según el marco cognitivo desde el cual percibimos el mundo: clase, género y raza, se impone en nosotros, casi de manera automática, una forma de ser y de estar en nuestro entorno inmediato. Este primero de octubre, un marco relevante de la cultura política mexicana ha cambiado: el de género y su ejercicio de poder desde la posición política más representativa del régimen político mexicano. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, 71 años después de que se reconociera el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, y convirtiéndose en la primera presidenta de la historia mexicana, estamos presenciando un hecho de la más alta relevancia. La misma presidenta dejó esto claro al afirmar: “Soy madre, abuela, científica y mujer de fe, y a partir de ahora, por la voluntad del Pueblo de México, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos”, en una Cámara de Diputados que atestiguaba el cambio de banda presidencial. No es una casualidad, sino una causalidad histórica, acelerada, por supuesto, por la preferencia del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador. Él asumió su sucesión presidencial como una medida estratégica para garantizar la continuidad del movimiento en el poder. Aunque no la designó directamente, sí dejó puestas todas las circunstancias lo más favorables posible para que ella fuera, primero, la candidata de Morena y, posteriormente, ganadora de la contienda electoral de 2024. Fue un hecho simbólico que Efigenia Martínez, ejemplo de la lucha social y presidenta de la Cámara de Diputados, le entregara la banda presidencial, dejando patente un arco de conquistas femeninas ganadas, no regaladas, por parte de un sistema político mexicano que sigue siendo eminentemente patriarcal, pero que, de manera progresiva, va cambiando. Claudia Sheinbaum ha dejado claro que, a partir de este momento, cualquier mujer puede aspirar a ser presidenta de la República. Ha declarado que es tiempo de mujeres y que se denomina "presidenta" y no "presidente", porque el lenguaje otorga significado y visibilidad a los roles. Se inicia, sin duda, una nueva etapa, en la que la presidenta ha enfatizado la importancia de dar continuidad, así como de dotar de mayor contenido y estructura al ejercicio de gobierno de la Cuarta Transformación, el movimiento que el expresidente Andrés Manuel López Obrador inició hace prácticamente un cuarto de siglo. "Presidenta", en femenino, antes que Estados Unidos y Canadá, los vecinos de México en esta unidad geográfica y comercial —que no cultural— llamada Norteamérica. Aunque aún queda mucho por escribir sobre su gestión, lo que me gustaría resaltar en este momento es el cambio que se ha producido en el rostro de la nación mexicana. La presidenta electa goza del bono natural de credibilidad que acompaña a cualquier mandatario recién electo. Le tocará escribir su propia historia bajo el compromiso que asumió en su toma de protesta: “Consolidaremos juntas y juntos un México cada día más próspero, libre, democrático, soberano y justo. No les voy a defraudar. Les convoco a seguir haciendo historia”. A partir de ahora, desde las antípodas y conscientes de que el poder y su ejercicio tienen senderos y vericuetos desconcertantes, observaremos este inicio de gobierno con atención y análisis, deseando de corazón que sea en beneficio de México y de toda la nación. Le corresponde a la presidenta conciliar y gobernar para todos, ya que, aunque AMLO hizo de la movilización de los afectos algo inherente a su ejercicio de gobierno, Claudia Sheinbaum deberá poner su lógica racional y científica al servicio de la conducción del Estado en la búsqueda de un México justo, no solo de leyes. Un México libre, donde cada individuo pueda prosperar sin restricciones y donde la equidad y la igualdad sean los cimientos que nos unan como sociedad. Ya lo veremos.

El periodismo se encuentra en un momento decisivo. En medio de la vorágine tecnológica que ha transformado casi todos los aspectos de la sociedad contemporánea, el periodismo enfrenta desafíos inéditos, muchos de ellos impulsados por la irrupción de la inteligencia artificial (IA). Estas tecnologías, capaces de procesar grandes volúmenes de información en cuestión de segundos, están redefiniendo el rol de los periodistas y de los ciudadanos en la creación y distribución de contenido informativo. En el I Congreso Internacional de Periodismo: La Información en la Era de la Inteligencia Artificial , celebrado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la reflexión sobre este tema estuvo en el centro de las discusiones. La mesa que tuve el honor de coordinar, titulada "El periodismo ciudadano y el refacultamiento de la sociedad" , fue un espacio en el que se exploraron las múltiples maneras en las que la ciudadanía ha asumido un rol cada vez más activo en la generación de información. Este cambio no solo ha sido impulsado por la tecnología, sino también por una creciente desconfianza hacia las fuentes tradicionales de noticias. Las ponencias expuestas en esta mesa revelaron los retos éticos, tecnológicos y sociales que enfrenta el periodismo ciudadano, mientras la IA se perfila como una herramienta que puede ser tanto aliada como amenaza. Ignacio Arbesú Verduzco abrió el debate con una reflexión profunda sobre la relación entre libertad, tecnología y comunicación ciudadana. En un contexto donde las plataformas digitales permiten a cualquier persona con acceso a internet convertirse en un productor de noticias, surge una pregunta fundamental: ¿cómo podemos garantizar que esa libertad no se convierta en una fuente de desinformación?  Arbesú destacó que la tecnología es un arma de doble filo. Si bien democratiza el acceso a la información, también facilita la propagación de contenido falso. En su análisis, subrayó la importancia de que los ciudadanos-periodistas adopten prácticas responsables, utilizando herramientas de verificación de información, muchas de ellas impulsadas por IA. En este sentido, la inteligencia artificial puede desempeñar un papel crucial en la lucha contra las fake news , pero, como se discutió más adelante, la tecnología por sí sola no es suficiente. Fernando Maldonado introdujo una crítica provocadora sobre lo que denominó "La dictadura del like" . Hoy en día, las redes sociales han impuesto una lógica perversa en la que la popularidad de una noticia, medida en likes y compartidos, parece ser más importante que su precisión. Maldonado argumentó que esta dinámica ha distorsionado la naturaleza del periodismo, priorizando el impacto emocional sobre la rigurosidad informativa. Aquí, nuevamente, la IA aparece como una posible solución. Si los algoritmos que rigen las redes sociales fueran diseñados para promover la veracidad en lugar de la viralidad, tal vez podríamos comenzar a revertir esta tendencia. No obstante, Maldonado advirtió que este cambio no será fácil, ya que implica una reestructuración del modelo de negocio  de las plataformas digitales, que actualmente se alimentan del tráfico generado por contenido sensacionalista. Luis Carlos Dupeyron Cortés ofreció una visión más sombría de los riesgos que implica la IA para el periodismo. En su intervención, advirtió que, aunque la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para mejorar la eficiencia y la precisión en la producción de noticias, también puede convertirse en un instrumento de censura y control. En la era de la posverdad , la IA puede ser utilizada tanto para combatir la desinformación como para amplificarla. El desafío ético es, por lo tanto, monumental. Dupeyron subrayó que la libertad de expresión no debe verse comprometida en el proceso de adopción de estas nuevas tecnologías. Si bien la IA puede facilitar la verificación de hechos y la creación automatizada de contenido, no puede sustituir el juicio crítico y la capacidad analítica del periodista humano . La tecnología debe ser utilizada como un complemento, no como un reemplazo. Álvaro Ramírez cerró la mesa con una ponencia que, aunque optimista, no estuvo exenta de cautela. Ramírez exploró el potencial de la IA para transformar el periodismo, señalando que muchas redacciones ya están utilizando algoritmos para automatizar la producción de noticias. Esto, dijo, libera a los periodistas para que se concentren en tareas más analíticas y creativas. Sin embargo, también advirtió sobre los peligros de depender demasiado de las máquinas. El periodismo, en su núcleo, es una actividad profundamente humana, que requiere de contextualización, empatía y juicio moral . Ramírez concluyó que, si bien la IA tiene el potencial de mejorar la calidad y la velocidad del trabajo periodístico, nunca debe reemplazar el papel del periodista como guardían de la verdad . A lo largo de las discusiones, quedó claro que el futuro del periodismo depende en gran medida de cómo integramos la tecnología en nuestras prácticas profesionales. La inteligencia artificial  puede ser una herramienta poderosa para mejorar la precisión y la eficiencia, pero su uso debe estar guiado por un compromiso ético  inquebrantable. En última instancia, el éxito de la IA en el periodismo dependerá de nuestra capacidad para equilibrar el poder de las máquinas con la sabiduría humana . El I Congreso Internacional de Periodismo  fue un recordatorio de que, aunque el panorama mediático está en constante cambio, los principios fundamentales del periodismo —la verdad, la independencia y la responsabilidad— deben seguir siendo nuestro faro. La IA no es el enemigo , pero su mal uso puede ser devastador para la integridad de nuestra profesión. En la lucha por la verdad, necesitamos tanto de la tecnología como de un periodismo crítico y humano  que sepa cuándo apoyarse en las máquinas y cuándo confiar en su propio juicio.

Nos encontramos en un momento crucial para el periodismo y la sociedad en general. En un mundo saturado de información, los ciudadanos ya no son simples receptores de noticias; ahora también son creadores y difusores de contenido. Esta era del periodismo ciudadano ofrece una oportunidad única para transformar la manera en que nos informamos y compartimos la verdad. Sin embargo, enfrentamos tres grandes desafíos que amenazan con socavar la confianza en los medios y en la democracia misma: la polarización, la posverdad y el populismo. Estos son los tres jinetes del apocalipsis periodístico. Pero no estamos indefensos. A través del refacultamiento ciudadano —el empoderamiento y capacitación de los ciudadanos—podemos desarrollar tres soluciones, o "vacunas", para contrarrestar estas amenazas. En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) jugará un papel dual, pudiendo ser tanto una herramienta de solución como de complicación. La Polarización: El Primer Jinete La polarización ha dividido profundamente a nuestras sociedades. En México, por ejemplo, el 10% más rico concentra el 64.4% de la riqueza, mientras millones viven en pobreza extrema. Esta desigualdad se refleja también en el ámbito informativo. Las redes sociales, impulsadas por algoritmos de IA, tienden a mostrarnos contenido que refuerza nuestras propias creencias, creando burbujas informativas y agravando la división. Es como vivir en una habitación de espejos donde solo vemos reflejadas nuestras propias ideas. Para contrarrestar la polarización, proponemos fomentar el diálogo comunitario dirigido . Esto implica crear espacios—tanto físicos como virtuales—donde los ciudadanos puedan interactuar con personas de diferentes perspectivas, apoyados por herramientas de IA que faciliten la comprensión mutua. Este tipo de periodismo ciudadano deliberativo ya existe en algunos medios digitales que promueven debates constructivos sobre temas complejos. Imaginemos talleres comunitarios donde personas de diversas ideologías se reúnen para conversar y debatir, no para confrontar, sino para entender y construir puentes. En países como Canadá y España, se han implementado círculos de diálogo comunitario que han demostrado ser efectivos para reducir tensiones sociales y promover la cohesión. Estos espacios permiten que las voces diversas sean escuchadas y consideradas, fortaleciendo el tejido social. La Posverdad: El Segundo Jinete La posverdad ha transformado radicalmente la manera en que consumimos información. En la era de la posverdad, los hechos objetivos son menos influyentes que las emociones y las creencias personales. Según estudios, más del 60% de los adultos en América Latina están preocupados por la desinformación en redes sociales. La IA, en su uso más oscuro, ha sido utilizada para crear "deepfakes" y noticias falsas que se viralizan rápidamente, generando confusión y desconfianza. La solución ante la posverdad es promover una alfabetización mediática y digital práctica y comunitaria . No se trata solo de enseñar a distinguir entre noticias verdaderas y falsas; es necesario proporcionar a los ciudadanos herramientas tecnológicas que faciliten la verificación de información en tiempo real. Aplicaciones basadas en IA, como Google Fact Check, permiten a usuarios y periodistas corroborar datos de manera eficiente. La educación es fundamental y debe comenzar desde edades tempranas. En países como Finlandia, la alfabetización mediática es parte integral del currículo escolar, preparando a los estudiantes para analizar críticamente la información desde jóvenes. Además, iniciativas como las brigadas digitales, conformadas por voluntarios que identifican y denuncian noticias falsas, fortalecen una red ciudadana comprometida con la verdad. Una analogía útil es pensar en aprender a navegar en un río turbulento: si sabemos distinguir entre las corrientes peligrosas y las seguras, podremos avanzar sin naufragar en un mar de desinformación. El Populismo: El Tercer Jinete El populismo es quizás el más insidioso de los tres jinetes. Los líderes populistas manipulan la opinión pública utilizando los medios de comunicación y apelando a las emociones más básicas. La política se convierte en un espectáculo donde la verdad pasa a segundo plano frente al impacto emocional. Esto erosiona la confianza en las instituciones y simplifica problemas complejos con soluciones fáciles pero engañosas. Para enfrentar el populismo, es esencial promover una participación ciudadana activa . Cuando los ciudadanos se apropian de los espacios de discusión pública y participan de manera informada, el populismo pierde fuerza. Plataformas como OpenGov permiten que ciudadanos y gobiernos colaboren en la creación de políticas públicas, aumentando la transparencia y la confianza. El papel de los creadores de contenido ciudadano es vital en este contexto. Al convertirse en actores activos de la información y no solo en consumidores pasivos, los ciudadanos pueden contrarrestar la manipulación y fomentar un debate más equilibrado y auténtico. No se trata solo de resistir al populismo, sino de actuar proactivamente para fortalecer la democracia. Estamos en una encrucijada histórica para el periodismo y la sociedad. La Inteligencia Artificial puede ser una herramienta poderosa para amplificar nuestras capacidades y construir una sociedad mejor informada y más crítica, o puede ser un instrumento que profundice las divisiones y la desinformación. Los tres jinetes—la polarización, la posverdad y el populismo—representan amenazas reales, pero no insuperables. Las tres vacunas propuestas—el diálogo comunitario dirigido, la alfabetización mediática y la participación ciudadana activa—son estrategias concretas que pueden aplicarse desde el refacultamiento ciudadano  para empoderar a las personas y devolverles el control sobre la información. Imaginemos una sociedad de "humanos centauro", donde la tecnología y la inteligencia humana se complementan para potenciar lo mejor de nosotros mismos. Porque lo que está en juego no es solo el futuro del periodismo, sino el futuro de nuestra democracia y nuestra capacidad para convivir en sociedad. Es momento de actuar, de asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para construir un futuro más informado, más justo y más democrático.

La contrarréplica del moderador, David Muir, no de la candidata, hizo que en un instante el rostro de Donald Trump se desencajara. Se le notó enrojecido, un poco irritado. Y es que, en el primer debate presidencial frente a Kamala Harris, Trump vertió una noticia irreal que, de lleno, cual bala de plata, se volvió viral y aún hoy sigue vigente. Trump afirmó que inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, estaban secuestrando a las mascotas de sus vecinos para comérselas, en concreto, a los perros: “They are eating the dogs”, se le escuchó decir. Por supuesto, se trataba de una noticia falsa. En las primeras horas, el equipo de Kamala Harris aprovechó la afirmación para resaltar la ignorancia de Trump; sin embargo, las redes sociales no tardaron en hacer acto de aparición y, en un par de horas, después días, el tema se volvió una avalancha de parodias. Estas pusieron en todos lados, a través de canciones y retos virales, la famosa frase de Trump: “They are eating the dogs”.La comicidad de la red suavizó la gravedad de la afirmación, y poca o nula condena se vertió sobre el candidato. Paradójicamente, el tema de la migración, el verdadero caballo de Troya en esta viralización está nuevamente en la agenda pública y es reiteradamente utilizado por Donald Trump. ¿O acaso se recuerda algo más de dicho debate? ¿Son estos signos de una política del instante? Volvamos a México. ¿El lugar? El Senado de la República, donde las entidades federativas se ven representadas por sus senadores. "Senador" es una palabra que en latín hace referencia a viejo, anciano o sabio, es decir, un lugar donde los sabios discuten el futuro de la Nación. No fue el caso, sin embargo, del suceso que a continuación se relata. En medio de una de las discusiones más importantes que ha atestiguado nuestro país en torno al futuro de uno de sus poderes, el Judicial, una senadora, Lily Téllez, visiblemente molesta, se dirigió a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y le dijo de manera despectiva: “Diga mi nombre correctamente, bellaco Fernández ‘Llorona’, diga mi nombre bien, diga mi nombre correctamente, diga mi nombre correctamente”. Poco después, y una vez aprobada la reforma en el Senado, la discusión más relevante en los días posteriores no giró en torno a las consecuencias de dicha reforma ni a la celeridad con que fue aprobada en los congresos locales, sino sobre la tendencia #Bellaco. Este adjetivo, por si no lo conoce, hace referencia a alguien pícaro, ruin, pero también astuto.Entre el gran público, y a través de memes, TikToks y demás, se ironizó sobre la crispada relación entre estos dos senadores, relación que data de hace tiempo. Algunas de las piezas eran de muy buena manufactura, aunque otras rayaban en lo machista.Olfateando el momento, el señalamiento de la senadora fue capitalizado por Gerardo Fernández Noroña, quien goza de una considerable presencia en redes sociales y ahora ha utilizado este episodio para aumentar su visibilidad en las mismas. ¿Y la discusión sobre la Reforma Judicial? Estos dos ejemplos sirven para señalar algo relevante. En ciertos casos, algunos asuntos políticos se vuelven virales, lo cual podría parecer positivo. Sin embargo, lo viral tiene una característica: la inmediatez y la fugacidad. Esto requiere un complemento necesario: la reflexión y verificación que constate su utilidad o validez. Lo viral debería, en su mejor expresión, abonar a la discusión o al conocimiento informado, pero no siempre es así. Este fenómeno, que algunos denominan "política pop", es la antítesis de la política misma, ya que atiende o apela a emociones fugaces, informativas en el mejor de los casos, pero que juegan con la esencia de la política. La política implica la existencia de conflicto entre partes, pero también la búsqueda de consensos mínimos sobre la cosa pública.En la política pop, o la política del instante, esto es imposible, ya que solo se deja un destello del problema y se cree, o se siente, que uno está informado, cuando en realidad la política real requiere tiempo, reflexión, diálogo y acción. La política pop, o política del instante, es peligrosa para la democracia, pero lamentablemente su uso se acelera vertiginosamente. No será este el último encuentro entre Noroña y Lilly Téllez, ya que ambos saben lo redituable que es para su causa utilizar este terreno a su favor. Lo que no saben es que lo que les resulta útil a ellos, puede no ser necesariamente útil para la vida pública. Ya lo veremos.

Cuando decimos “hacer las cosas a la mexicana”, inmediatamente nos viene a la mente una serie de imágenes y situaciones que conocemos bien. Es una expresión que encapsula la peculiar manera en que muchas veces llevamos a cabo diversas acciones: resolver un trámite, redactar una ley, ganar un concurso, o hacer un negocio "a la mexicana". Son cosas que, para la mayoría de los mexicanos, tienen un significado profundo. El satírico Escalante Gonzalbo lo resume de manera precisa cuando dice que “esa incapacidad para cumplir con las reglas, o esa habilidad para sortearlas, obedece en efecto a una causa general en la forma básica de las relaciones sociales en México: la política del muégano”. Y es que la Reforma Judicial, que actualmente está en discusión y que casi con certeza será aprobada, parece ser un ejemplo clásico de esa política del muégano que describe Escalante Gonzalbo: todo al mismo tiempo, todo a la carrera, todo al vapor. Porque, si algo es claro, es que la mayoría de los mexicanos, medianamente informados, coinciden en la urgente necesidad de una reforma profunda al Poder Judicial. Si hacemos un poco de historia, recordaremos la última gran reforma de este poder, que se remonta a mediados de los noventa, bajo el mandato de Ernesto Zedillo. El diagnóstico del presidente Andrés Manuel López Obrador, que afirma que aquella reforma fue solo otro capítulo en la captura de los poderes del Estado por el grupo neoliberal, no es infundado. Durante el periodo neoliberal, se construyó lo que podría llamarse un verdadero "Cártel Judicial", responsable de incontables casos de impunidad a nivel federal y del respaldo al gran capital a través de figuras como el amparo fiscal, un recurso al que recurre la plutocracia mexicana, y que ha sido validado, una y otra vez, por la Suprema Corte de Justicia. Lo que genera escepticismo en torno a la Reforma Judicial, sin embargo, es precisamente esa forma tan “a la mexicana” de llevarla a cabo: sin un detenimiento ni una reflexión profunda sobre una transformación que toca directamente el corazón del entramado político de nuestro país. ¿Estamos ante un cambio de régimen? ¿Una democracia autoritaria? ¿Un verdadero poder del pueblo? Lo cierto es que el caso mexicano no es único. El término lawfare  ha cobrado relevancia a nivel mundial, refiriéndose al uso estratégico del sistema judicial para deslegitimar o neutralizar adversarios políticos, bajo el manto de la legalidad. Esta táctica, que puede incluir denuncias, investigaciones penales o juicios interminables, ha sido empleada tanto por la izquierda como por la derecha, y no solo para ampliar el poder de los grupos políticos, sino también para proteger los intereses de los poderes económicos. En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue acusado de corrupción en un proceso que muchos consideraron una maniobra política para impedir su regreso al poder. En Argentina, sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner denunciaron haber sido víctimas de lawfare , mientras que otros acusaron a su gobierno de utilizar la justicia para perseguir a sus opositores. Es en este panorama donde se inscribe la iniciativa del presidente López Obrador de desmantelar, o transformar, el andamiaje construido desde el periodo neoliberal para controlar uno de los poderes fundamentales de nuestra democracia. Sin embargo, hay diques que no debemos ignorar ni apresurar en demasía. Desde la teoría política sabemos que dos pilares fundamentales para cualquier país que aspire a ser desarrollado son: un sistema democrático que funcione, con instituciones que actúen como contrapeso, y un Estado de Derecho auténtico, con una judicatura independiente, eficaz y de alta calidad. Estos son requisitos indispensables para el crecimiento económico y la competitividad. Las medidas del presidente, aunque contundentes, apuntan directamente a la configuración del Poder Judicial. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿No sería más prudente llevar a cabo este cambio de manera más pausada y estructurada? ¿O es que el presidente se rige bajo el mantra popular que dice “Si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo?”. Septiembre no parece ser el epílogo del Patriarca, sino más bien un capítulo en ascenso dentro de esta historia del México moderno, llamada Cuarta Transformación.